En un importante operativo llevado a cabo en el centro de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró la detención de 11 agentes policiales por su presunta participación en la desaparición forzada de personas. Entre los detenidos se encuentran nueve oficiales municipales, dos investigadores y Edgar ‘N’, director de la Policía Municipal, quienes presuntamente colaboraron con grupos del crimen organizado.

El operativo, que incluyó la participación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía de Investigación y la Comisión Nacional Antisecuestro (Conase), se desarrolló tras exhaustivas investigaciones en torno a la desaparición de dos hombres, identificados como Cristian y José Luis, en la misma ciudad.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal Jorge Luis Llaven destacó que las investigaciones se respaldaron en tres carpetas que lograron acreditar la responsabilidad de los servidores públicos en estos delitos. La detención de estos elementos refuerza el compromiso de las autoridades estatales con la política de “Cero Impunidad y Cero Corrupción”, garantizando que nadie esté por encima de la ley.

“Seguiremos avanzando para garantizar la seguridad de la población y llevar ante la justicia a quienes traicionan la confianza ciudadana,” afirmó Llaven.

La región Frontera, Sierra y Frailesca, que colinda con Guatemala, ha enfrentado una ola de violencia en los últimos cinco años, atribuida al crimen organizado y a los cárteles que disputan el control del territorio. Esta situación ha provocado el desplazamiento, asesinato y desaparición de miles de personas, especialmente de comunidades indígenas y campesinas.

Ante este escenario, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, reiteró su compromiso de restaurar la paz en la región mediante acciones conjuntas entre fuerzas estatales y federales. “No permitiremos que el crimen organizado siga vulnerando la tranquilidad y la vida de los chiapanecos,” declaró.

Las investigaciones continúan en curso, con miras a desarticular redes delictivas y garantizar que los responsables enfrenten las sanciones correspondientes. Este caso marca un precedente en la lucha contra la corrupción y la impunidad dentro de las instituciones de seguridad en Chiapas, subrayando la determinación de las autoridades por priorizar la justicia y la seguridad de los ciudadanos.