Hoy jueves 15 de diciembre comenzó el proceso de revocación a los siete corralones de Tijuana, quienes tendrán un plazo de hasta dos meses para subsanar las irregularidades encontradas, precisó esta mañana el síndico procurador de Tijuana, Rafael Leyva Pérez.

"Todas (las concesionarias) tienen hasta el momento las observaciones suficientes para que se les inicie el proceso de revocación, el cual ya se dio el día de hoy", precisó Rafael Leyva Pérez.

Entre las consecuencias que puede traer este proceso de revocación señaló, es que los siete corralones podrían perder sus permisos para operar.

"Estamos previendo una reacción inmediata para que se licitara de ser necesario y que el servicio de arrastres no quede pendiente para Tijuana, sino que se continúe sin problema" afirmó el síndico procurador.

“Esto no quiere decir desde luego que no estamos puestos ante la ley para que se lleve el proceso correcto. Se inició el proceso de revocación y dentro del proceso nosotros entregamos las observaciones que ya fueron notificadas a las concesionarias y ellos tendrán que subsanarlas.”

De acuerdo con el funcionario, esta investigación contra los corralones municipales comenzó luego del traspaso del Departamento de Arrastres, ahora llamada Subdirección de Arrastres donde encontraron una serie de irregularidades. 

“Encontramos vehículos en unos de los corralones que les faltaban partes, en algunos encontramos vehículos golpeados, desde luego traemos evidencia. Cuando se le remolca el carro a una persona se le toma foto de cómo ingresó el carro al corralón y cómo se encuentra en este momento. Se hizo una inspección de miles de carros en todas las concesionarias”, precisó el síndico procurador.

Asimismo comentó que entre las investigaciones se encuentran funcionarios que estuvieron en el Departamento de Arrastres, aunque no precisó nombres o cargos.

“Ahorita no tenemos funcionarios que estuvieran en el anterior departamento de quejas, y claro que los ex funcionarios no porque hayan dejado de trabajar en el Ayuntamiento quiere decir que no son investigados; son investigados, son sujetos también de una sanción”, dijo Rafael Leyva.

Entre las sanciones que mencionó hacia los funcionarios quienes hayan cometido faltas graves respecto a las concesionarias, remarcó la posibilidad de que sean inhabilitados de sus cargos y no se les permitiría regresar a ellos en los próximos años.