Una ciudadana mexicana extraditada a Estados Unidos desde México en 2023 se ha declarado culpable de liderar una conspiración de contrabando de personas que operaba en Mexicali, en la frontera entre ambos países, durante varios años.

De acuerdo con los documentos judiciales, Ofelia Hernández-Salas, de 63 años, encabezaba una organización de contrabando que facilitó el tránsito de más de 100 migrantes hacia Estados Unidos desde países como Bangladesh, Yemen, Pakistán, Eritrea, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia, Egipto, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. La red de Hernández-Salas cobraba a los migrantes sumas que podían ascender a decenas de miles de dólares por el viaje, y les proporcionaba instrucciones sobre cómo cruzar la frontera de manera ilegal, incluyendo la entrega de una escalera para saltar la valla fronteriza. Además, Hernández-Salas y sus cómplices, armados con pistolas y cuchillos, robaban dinero y efectos personales a los migrantes.

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El fiscal general Merrick B. Garland comentó que la culpabilidad de Hernández-Salas pone de manifiesto el compromiso de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (JTFA) para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones de contrabando que explotan a los migrantes con fines de lucro, poniendo en riesgo la seguridad nacional. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, destacó la naturaleza despiadada de los contrabandistas, quienes someten a los migrantes a graves peligros.

La vicefiscal general Lisa Monaco subrayó que la creación de la JTFA hace tres años ha sido clave para desmantelar redes de tráfico humano que afectan a toda América, y su declaración de culpabilidad refuerza el mensaje de que los responsables serán castigados. La viceasistente principal del Fiscal General, Nicole M. Argentieri, agregó que estas operaciones no solo violan las leyes estadounidenses, sino que también exponen a los migrantes a riesgos personales y financieros extremos.

Hernández-Salas se declaró culpable de conspiración para traer a un extranjero a Estados Unidos y de tres cargos adicionales relacionados con el contrabando con fines de lucro. Enfrenta una pena máxima de 15 años de prisión, y su sentencia se dictará el 10 de marzo de 2025. Un juez del Tribunal Federal de Distrito tomará su decisión, teniendo en cuenta las directrices de sentencias y otros factores legales.

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En junio de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la organización criminal liderada por Hernández-Salas. La extradición de la acusada fue posible gracias a la colaboración con las autoridades mexicanas, con quienes se trabajó de manera coordinada, según el fiscal federal del Distrito de Arizona, Gary Restaino.

El caso está siendo investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Yuma, con la colaboración de diversas agencias federales estadounidenses, entre ellas la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el FBI y el Servicio de Alguaciles. También se cuenta con el apoyo de la oficina de HSI en Tijuana, INTERPOL y otras entidades. La JTFA, creada en junio de 2021, ha sido clave en la lucha contra las redes de tráfico humano, particularmente aquellas que operan en El Salvador, Guatemala, Honduras y México.