El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, reveló este miércoles 18 de diciembre, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, diversos casos de corrupción que han afectado al organismo en los últimos años. Estos actos ilícitos han involucrado tanto a sectores empresariales como laborales representados en el consejo de administración del Infonavit, quienes han obstaculizado auditorías y sanciones pertinentes.

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Casos destacados de corrupción

Telra Realty

En 2014, el Infonavit contrató a la empresa Telra Realty por 100 millones de pesos para diseñar y operar una plataforma de soluciones habitacionales para acreditados que cambian de residencia. Tras incumplir con el contrato, la empresa no fue penalizada. Por el contrario, el consejo de administración autorizó el pago de una indemnización de 5,000 millones de pesos en 2016. 

Posteriormente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió una triangulación de recursos entre empresas contratadas por el Infonavit y cuentas bancarias de un asesor del director general en 2018.

Programa Línea III

Este programa, diseñado para financiar a constructores de vivienda para derechohabientes, fue objeto de abuso. 

Entre 2017 y 2018, se autorizaron 22 proyectos que quedaron inconclusos y dejaron adeudos por 575 millones de pesos. Además, otros 18 desarrolladores acumulan deudas por 768 millones debido a fallas en el seguimiento de pagos. Los recursos destinados a estos proyectos incluyeron fondos para terrenos, permisos e infraestructura, pero no se entregaron las viviendas prometidas.

Ventas sucesivas de viviendas

Romero Oropeza denunció una red delictiva operando en 21 estados, donde empleados del Infonavit, notarios y constructoras participaron en la venta de una misma vivienda a varios trabajadores. Se detectaron 12,000 créditos otorgados sobre 1,400 viviendas, algunas vendidas hasta cuatro veces al año. Este fraude causó pérdidas estimadas en más de 1,200 millones de pesos y afectó los ahorros para vivienda de miles de derechohabientes.

Juicios fraudulentos

Entre 2013 y 2015, despachos en contubernio con funcionarios judiciales y notarios en Nayarit tramitaron juicios irregulares que despojaron a 60,000 derechohabientes de sus viviendas. El Infonavit gastó 3,600 millones de pesos en estos procesos, sin lograr recuperar propiedades.

Seguro colectivo ilegal

Durante la gestión de Alejandro Murat, se contrató un seguro de vida colectivo por 550 millones de pesos con la firma Mapfre Tepeyac. Este seguro, adicional al requerido por ley, era incobrable por su cobertura limitada a desastres naturales y pandemias, representando un gasto injustificado.

Registro Único de Vivienda

En 2011, el Registro Único de Vivienda se convirtió en un fideicomiso independiente del Infonavit. Sin embargo, en meses recientes se descubrió el pago indebido de utilidades generadas, lo que llevó al cese de tres funcionarios y al inicio de acciones legales.

Propuesta de reforma a la Ley del Infonavit

La reforma planteada por el gobierno busca:

•    Fortalecer la transparencia y los controles en el uso de recursos.

•    Respetar el esquema tripartito paritario del Infonavit.

•    Otorgar al director general, designado por la presidencia de la República, mayor control en las decisiones.

•    Eliminar las direcciones sectoriales y los pagos por asistencia a sesiones de consejo y comisiones, los cuales oscilan entre 60,000 y 90,000 pesos por sesión.

#VideosLaJornada Las reformas propuestas por el Ejecutivo al @Infonavit pretenden homologar el esquema de gobierno de ese órgano con el @Tu_IMSS (tripartita) y combatir actos de #corrupción, pues se ha encontrado que los sectores empresarial y de trabajadores —que forman parte… pic.twitter.com/ZbomNpIfPt

— La Jornada (@lajornadaonline) December 18, 2024

Romero Oropeza enfatizó que la reforma es necesaria para garantizar el derecho a la vivienda y proteger los ahorros de los trabajadores, asegurando que se utilicen exclusivamente para su beneficio y que quienes no necesiten vivienda puedan disponer de sus recursos para la jubilación.