En un esfuerzo por promover la igualdad de género y prevenir la violencia hacia las mujeres, el Congreso del Estado de Baja California aprobó recientemente dos iniciativas significativas. Estas medidas buscan actualizar el marco normativo del estado y garantizar la capacitación obligatoria de servidores públicos en temas de género y prevención de violencia.

La primera iniciativa, presentada por la diputada Ang Hernández, plantea una reforma al Código de Ética del Poder Legislativo para incorporar el lenguaje inclusivo en todo el cuerpo normativo. Asimismo, se adicionarán conceptos esenciales como hostigamiento, acoso sexual, igualdad de género y violencia institucional, con el objetivo de construir un marco legal más sensible y acorde con las necesidades actuales de la sociedad.

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Por otro lado, la diputada Michel Sánchez Allende informó sobre la aprobación de la llamada Ley Daryela, una normativa que establece la capacitación obligatoria en materia de igualdad de género y prevención de violencia hacia las mujeres para todas las personas servidoras públicas, ya sea de ayuntamientos, el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo, la Fiscalía General y organismos autónomos.

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Esta ley lleva el nombre de Daryela Valdez, una joven de 24 años víctima de feminicidio por parte de su pareja sentimental, un hombre de 70 años. El caso generó una profunda indignación en la comunidad y evidenció la urgencia de tomar acciones contundentes contra la violencia de género.

"Es un asunto pendiente que ha quedado en deuda de manera histórica hacia las mujeres de Baja California", expresó Sánchez Allende. Añadió que la ley será discutida en el pleno entre diciembre y enero, e incluirá modificaciones a la Ley del Instituto de la Mujer y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además, el sistema estatal SEPASE será responsable de implementar esta estrategia de capacitación y rendir cuentas al Congreso sobre las acciones realizadas.

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En relación con las consecuencias para quienes no cumplan con estas capacitaciones, la diputada explicó que los órganos internos de control tendrán la facultad de señalar a los incumplidos, quienes podrían enfrentar sanciones que afecten su elegibilidad para ascensos laborales.

Por su parte, la diputada Dunnia Montserrat Murillo López destacó la importancia de estas medidas. “Este instrumento nos va a dar la pauta para que ya no exista violencia contra la mujer. Será el inicio para que quienes ocupen cargos públicos actúen con rectitud y sin aprovechar su posición para obtener beneficios personales o de terceros”, señaló.

Con estas iniciativas, Baja California da un paso significativo hacia la construcción de un entorno más igualitario y seguro para las mujeres, reafirmando el compromiso del estado con los derechos humanos y la erradicación de la violencia de género.