Durante la comparecencia del presidente municipal de Tecate, Román Cota Muñoz, en el Congreso del Estado de Baja California, ciudadanos del municipio expresaron su rechazo a la propuesta de implementar un cobro mensual de 65 pesos por la recolección de basura, contemplado en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento para el año 2025.

Los inconformes acudieron al recinto legislativo con pancartas y consignas para mostrar su desacuerdo, argumentando que esta medida afectará directamente la economía de las familias tecatenses.

El alcalde de Tecate explicó que la implementación de esta tarifa tiene como objetivo fomentar el reciclaje entre la población y garantizar una gestión integral de residuos. Según detalló, el Instituto Municipal de Planeación realizó los estudios necesarios para validar la viabilidad de esta medida. Además, señaló que el cobro sería administrado por la empresa Servicios Integrales de Residuos de Tecate, como parte de un esquema de manejo de desechos más eficiente.

Durante la sesión, la diputada María Teresa Méndez Vélez cuestionó la propuesta, subrayando la necesidad de justificar el impacto económico y social que tendría en los habitantes. "El cobro por recolección de basura doméstica debe basarse en un análisis transparente y accesible para la ciudadanía", afirmó la legisladora.

En respuesta, el alcalde defendió que el proyecto fue presentado en tiempo y forma, y que los estudios realizados respaldan la implementación de esta tarifa. Además, aseguró que el objetivo principal es promover una cultura de reciclaje y sustentabilidad en el municipio.

Por su parte, los manifestantes señalaron que el ayuntamiento no ha socializado adecuadamente la propuesta ni ha considerado alternativas que no impliquen un impacto económico directo a los hogares. "No estamos en contra de cuidar el medio ambiente, pero esta no es la forma", comentó uno de los asistentes.

La discusión sobre la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Tecate continuará en el Congreso estatal, mientras los ciudadanos esperan que sus demandas sean escuchadas y consideradas en el proceso legislativo.