La Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por María Elena Andrade Ramírez, ha detectado la instalación de cámaras de videovigilancia en zonas urbanas de Mexicali, Tecate y Tijuana durante los últimos seis meses. Aunque no se han registrado denuncias formales sobre estos hechos, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana han comenzado a atender el caso para esclarecer su origen y propósito.

La fiscal estatal confirmó que se han retirado cientos de cámaras instaladas en equipamientos urbanos, una acción llevada a cabo principalmente por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, debido a que recae bajo su facultad. Andrade Ramírez indicó que esta colaboración entre las instituciones es esencial para avanzar en el control de estos dispositivos, cuya presencia en áreas públicas sin autorización plantea un riesgo potencial para la seguridad ciudadana.

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Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, detalló que, en coordinación con la Fiscalía, se ha iniciado una denuncia formal para dar seguimiento a la investigación y proceder con la judicialización correspondiente. "La Fiscalía es la autoridad que determinará si se cometió un delito", explicó Aguilar Durán. Además, subrayó que se emplearán todas las fuentes de información e inteligencia disponibles para identificar a las personas o grupos responsables de colocar estos dispositivos en zonas públicas.

Esta situación recuerda la intervención de las autoridades en septiembre de 2023, cuando la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que se destruyeron aproximadamente 170 cámaras de vigilancia relacionadas con el crimen organizado en el municipio de Tecate. Estos dispositivos fueron hallados en postes de alumbrado público, anuncios espectaculares y en las inmediaciones de comercios, y se presume que su instalación tenía como objetivo monitorear los movimientos de las autoridades y ciudadanos en la región.

La destrucción de estos equipos, al igual que la reciente detección de cámaras en Mexicali y Tijuana, refleja la intensificación de las acciones de vigilancia y control por parte presuntamente del crimen organizado, lo que ha motivado una respuesta entre las distintas instancias de seguridad de Baja California.

Con esta investigación en curso, las autoridades buscan no solo retirar los dispositivos de vigilancia clandestinos sino también disuadir futuras actividades ilegales relacionadas con el uso de cámaras en espacios públicos.