En una sesión marcada por tensiones y posturas encontradas, el Senado de la República aprobó la declaratoria de la reforma de "supremacía constitucional", consolidando el carácter prioritario de la Constitución frente a otras normas o resoluciones judiciales. La votación se llevó a cabo sin la presencia de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) ni de Movimiento Ciudadano, quienes se ausentaron en señal de rechazo. Los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en cambio, permanecieron en el salón expresando su inconformidad mediante protestas visibles durante el proceso.

Esta declaratoria del Senado llegó apenas unas horas después de la aprobación en la Cámara de Diputados, completando así el proceso legislativo para remitir la reforma a las legislaturas locales. De acuerdo con los procedimientos, esta modificación ahora deberá obtener la ratificación de la mayoría de los congresos estatales antes de su publicación y entrada en vigor.

La reforma, impulsada por la mayoría oficialista conformada por Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), establece que cualquier enmienda a la Constitución prevalecerá sobre resoluciones judiciales que anteriormente podían suspender temporalmente su aplicación. En esencia, las acciones de amparo o controversias interpuestas ante el Poder Judicial no podrán frenar de forma inmediata las reformas constitucionales una vez aprobadas.

Esta iniciativa ha generado una intensa discusión entre defensores y críticos. Los promotores argumentan que la reforma refuerza la estabilidad de las modificaciones constitucionales, protegiéndolas contra suspensiones que, a su juicio, han obstaculizado la gobernabilidad y el cumplimiento del marco constitucional. Por otro lado, los opositores, entre ellos el PAN y Movimiento Ciudadano, sostienen que esta reforma atenta contra el equilibrio de poderes al limitar las facultades del Poder Judicial de intervenir en defensa de los derechos fundamentales cuando se perciba una violación constitucional.

El dictamen también establece que las legislaturas locales, una vez que aprueben la reforma, verán limitadas las facultades de jueces y magistrados para intervenir en cambios constitucionales, incluso mediante suspensiones provisionales.

El debate en torno a esta reforma representa un punto de inflexión en el marco legislativo mexicano, en un contexto donde los principios de supremacía constitucional y la separación de poderes enfrentan nuevas interpretaciones y desafíos.