El primer mes de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa ha tenido un saldo alarmante de 192 homicidios dolosos y 224 desapariciones forzadas, según el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP). Este conflicto ha afectado principalmente a las regiones centro y sur de Sinaloa, dejando a cientos de familias desplazadas y generando una crisis económica significativa.

Las cifras presentadas por el CESP son contundentes: más de 200 familias han abandonado sus hogares en busca de seguridad, mientras que mil 500 negocios han reducido sus horarios y 180 han cerrado definitivamente, lo que ha resultado en la pérdida de cerca de 2 mil empleos formales solo en el mes de septiembre. La inestabilidad generada por la violencia ha tenido un impacto directo en la actividad económica de la región, provocando que la vida en ciudades como Culiacán se encuentre semiparalizada.

Ante este panorama, una delegación del CESP se trasladó a la Ciudad de México para exigir medidas urgentes que frenen la violencia y reactiven la economía local. Entre las propuestas destacan:

1. Declaratoria de emergencia económica, que incluya:

   • Un programa exprés de créditos blandos para pequeñas y medianas empresas (pymes) sin requisitos de buró de crédito.
   • La suspensión temporal del pago de impuestos como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto sobre Nómina (ISN), con la posibilidad de pagarlos en un plazo de seis meses.
   • Análisis de descuentos y prórrogas en el pago de servicios esenciales como la energía eléctrica y agua potable, evitando cortes de suministro en negocios afectados.

2. Desarme de la delincuencia organizada, priorizando acciones efectivas que reduzcan la capacidad armada de los grupos delictivos.

3. Reparación del daño a las víctimas, implementando mecanismos expeditos para resarcir los daños ocasionados por la violencia en el último mes.

4. Depuración de la Policía Municipal de Culiacán, para garantizar que las fuerzas de seguridad locales estén alineadas con los intereses de la ciudadanía y puedan responder con eficacia ante la ola de violencia.

5. Operativos policiales y federales efectivos, con el objetivo de devolver la tranquilidad a la población y permitir la reactivación de actividades sociales, culturales y comerciales que se han visto gravemente afectadas.

6. Estrategia de bienestar socioemocional, basada en información objetiva y útil, que aborde el miedo y estrés que viven los habitantes de Culiacán.

Durante la conferencia de prensa, Miguel Calderón Quevedo, Coordinador General del CESP, advirtió sobre la gravedad de la situación, haciendo hincapié en que la violencia ha generado no solo una crisis de seguridad, sino también una crisis humanitaria y económica sin precedentes en la región. Laura Guzmán Torróntegui, vicepresidenta de la zona norte de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), y Óscar Loza Ochoa, activista de derechos humanos en Sinaloa, coincidieron en la necesidad de actuar con urgencia para detener la espiral de violencia y restaurar la paz social.