La titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de México, Ernestina Godoy, anunció que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha enviado una serie de iniciativas al Senado para reformar las disposiciones sobre la elección de ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial. Estas reformas se enmarcan en el contexto de la elección extraordinaria prevista para el 1 de junio de 2025, y buscan asegurar la legalidad, imparcialidad y certeza en el proceso electoral del Poder Judicial.

Estas iniciativas incluyen modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el propósito de establecer principios rectores para el proceso de selección. La elección abarcará a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral, y jueces de los tribunales de circuito y apelación del Poder Judicial de la Federación. Además, se requerirá que las legislaturas estatales armonicen sus constituciones locales para incluir la elección de magistrados en sus respectivos sistemas judiciales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales serán responsables de organizar este proceso electoral, que se llevará a cabo mediante voto directo. Se prevé la creación de un libro único que regulará todas las etapas de la elección, desde la postulación de candidaturas hasta la calificación y validación del proceso. La convocatoria para esta elección será emitida por el Senado, en colaboración con los tres poderes de la Unión.

Ernestina Godoy destacó las fechas clave para el proceso electoral: el 16 de octubre, el Senado emitirá la convocatoria general; el 31 de octubre se instalarán los Comités de Evaluación; y la convocatoria para la ciudadanía se publicará el 4 de noviembre de 2024. La inscripción de aspirantes comenzará el 24 de noviembre, y las entrevistas y selección de finalistas tendrán lugar el 31 de enero de 2025.

Sheinbaum enfatizó que la reforma judicial ya ha sido aprobada y es constitucional, lo que garantiza el inicio del proceso electoral en los próximos días, tras la aprobación de las reformas propuestas. Además, se establece que cada Poder de la Unión instalará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas de reconocido prestigio en el ámbito jurídico, asegurando la paridad de género.

Las modificaciones enviadas al Senado también servirán para aclarar aspectos que no están especificados en la Constitución sobre la reforma al poder judicial. El INE supervisará que no haya financiamiento público o privado en las campañas, y que los candidatos no tengan acceso a tiempos de radio y televisión no permitidos.

Por último, la presidenta ha señalado que el costo estimado de esta elección es de aproximadamente 5,000 millones de pesos (unos 260 millones de dólares). Se establece que, si la Suprema Corte no remite las vacantes necesarias para la convocatoria, el Senado utilizará información disponible públicamente para poder realizarla.