La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en lo general, la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que otorga el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con 362 votos a favor, 133 en contra y sin abstenciones, el dictamen avanza ahora hacia su discusión en lo particular y luego será turnado al Senado para su aprobación final.
Esta reforma constitucional busca modificar las funciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, un tema que ha generado un amplio debate. Críticos de la medida, incluyendo partidos de oposición y diversas organizaciones, señalan que se trata de un paso hacia la militarización del país, pues la Guardia Nacional, creada en 2019 bajo la promesa de ser una institución civil, pasará a estar bajo la administración del Ejército.
Entre los cambios que establece la reforma se encuentra la modificación del artículo 129 de la Constitución, que hasta ahora limitaba las funciones militares en tiempos de paz, y la modificación del artículo 21, eliminando la "garantía orgánica" que estipulaba que las instituciones de seguridad pública debían ser civiles.
Además, la reforma asigna al personal de la GN un origen militar con formación policial, estableciendo que este cuerpo estará adscrito a la Sedena, y será responsable de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. También se indica que los delitos serán investigados tanto por el Ministerio Público como por las policías y la Guardia Nacional.
Durante la sesión, la diputada Laura Ballesteros, del opositor Movimiento Ciudadano (MC), argumentó que "México quiere paz y justicia, pero no quiere militarismo". En contraste, legisladores del partido oficialista Morena defendieron la reforma. María del Rosario, diputada de Morena, subrayó que aunque la formación de los elementos de la GN será militar, sus funciones seguirán siendo policiales. “La disciplina y formación de las Fuerzas Armadas garantizan su integridad y lealtad al pueblo de México”, afirmó.
El vicepresidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, también de Morena, defendió que la reforma otorga al Congreso la facultad de regular la participación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad interior y apoyo a la seguridad pública.
Por otro lado, César Alejandro Domínguez, del PRI, expresó su rechazo a la medida, recordando que la Suprema Corte ya había declarado inconstitucional una reforma previa del presidente López Obrador para militarizar la GN. En ese fallo de 2023, el máximo tribunal había señalado que las funciones de seguridad pública debían ser exclusivamente competencia de autoridades civiles.
La reforma se suma a una serie de medidas adoptadas por el presidente López Obrador para ampliar el papel de las Fuerzas Armadas en su administración. Además de tareas de seguridad pública, los militares han sido asignados a proyectos de infraestructura como el Tren Maya, la administración de aduanas y puertos, y la dirección de empresas estatales, como la recién relanzada aerolínea Mexicana de Aviación.
A pesar de las críticas y el fallo de la Suprema Corte, el actual control mayoritario del Congreso por parte de la alianza de López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, les ha permitido avanzar con reformas constitucionales que hasta hace poco eran inviables.
