El Senado de la República declaró este viernes la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, tras obtener la aprobación de 23 congresos estatales, superando los 17 necesarios para su validación. En una sesión marcada por la ausencia de la oposición, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, calificó el día como "histórico" y solicitó a los presentes ponerse de pie para celebrar la aprobación.

La reforma, que ahora pasará a la Cámara de Diputados para su revisión final, ha generado tanto aplausos como críticas. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que promulgará la reforma el próximo 15 de septiembre, con la intención de que, a partir de junio de 2025, los ciudadanos puedan elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, así como a los integrantes de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de sancionar a jueces por fallos irregulares.

Sin embargo, la reforma ha encendido alarmas entre diversos sectores. Trabajadores del Poder Judicial, así como partidos de la oposición, advierten que esta iniciativa podría derivar en una "autocracia" o "dictadura", ya que permitiría que el Ejecutivo nomine candidatos para todos los juzgados del país y que estos reciban apoyo oficialista durante las campañas. Además, el Tribunal de Disciplina podría castigar a jueces que emitan sentencias contrarias a los intereses del gobierno.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed), que ha estado en paro desde el 21 de agosto en señal de protesta, ha anunciado que acudirá a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para detener la implementación de la reforma. La preocupación no solo se ha limitado al ámbito nacional, pues organismos internacionales como la ONU, Human Rights Watch y la Asociación Internacional de Abogados, además de socios comerciales de México como Estados Unidos, han manifestado su inquietud por el posible control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial y la influencia de grupos de interés, incluido el crimen organizado, en las futuras elecciones judiciales.

Aunque los congresos locales de entidades como Baja California, Campeche, Estado de México, Oaxaca y Zacatecas dieron su aval, la polarización política sigue creciendo en torno a esta reforma, que promete cambiar radicalmente la manera en que se administra la justicia en México. La próxima semana será decisiva en el Congreso, cuando la Cámara de Diputados debata la reforma y, posiblemente, la apruebe, allanando el camino para su promulgación oficial por el Ejecutivo.