Una familia del fraccionamiento Casa Magna, en Mexicali, fue desalojada de su vivienda el pasado martes 11 de septiembre, lo que ha dejado entrever posibles irregularidades en el proceso judicial y administrativo. El abogado de la afectada María Guadalupe Choza, el Licenciado Ignacio García, ha señalado que este caso no es un hecho aislado y que existen más de 150 viviendas en la misma situación en la ciudad.

Según García, las propiedades afectadas están ubicadas en fraccionamientos como Villa Residencial Casa Magna, Villas del Rey y Quintas del Rey, desarrollados por Urbi en Mexicali. Las viviendas fueron adquiridas a través de créditos otorgados por el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), sin embargo, debido a la bancarrota de Urbi, la situación legal de los terrenos ha quedado en el aire. “El representante legal de la empresa Urbi acude a las viviendas para reclamar los terrenos, alegando que aún pertenecen a la empresa, pese a que los inmuebles ya fueron pagados por los propietarios”, denunció el abogado.

Como parte de la defensa del caso de la señora Choza, el abogado ha solicitado una copia certificada del Registro Público de la Propiedad, anexando el contrato entre Urbi y FOVISSSTE, donde este último figura como la entidad crediticia que otorgó el préstamo para la compra de la vivienda.

García explicó que la problemática parece haber sido originada por la falta de registro adecuado de las hipotecas y otros documentos en el Registro Público de la Propiedad. "Quiero pensar que esto se debe a que Urbi, al declararse en bancarrota, dejó de contribuir con ciertos trámites, pero esto es algo que debió haber sido corregido por el notario encargado de inscribir la hipoteca y los documentos en el Registro Público", comentó García, refiriéndose a la Notaría Pública número 5, que manejó la transacción.

El representante legal afirmó que el desalojo de la familia Choza se realizó a pesar de que cuentan con toda la documentación en regla, que comprueba el pago de la vivienda. "Estamos hablando de que quienes se sustentan como propietarios están cometiendo fraude. En este caso, el representante legal de Urbi está reclamando algo que ya se pagó", subrayó García, quien además informó que presentarán una denuncia penal por fraude procesal y falsedad ante la autoridad por la presentación de documentos no idóneos por parte de la contraparte.

"De qué sirve tener todo en regla si no le dieron entrada a los documentos correctos", cuestionó el abogado, señalando que este tipo de casos afectan a cientos de familias en Mexicali que se encuentran en una situación de incertidumbre legal debido a la falta de claridad en los registros de propiedad.

El caso de la familia Choza es un ejemplo más de los problemas que enfrentan los propietarios de viviendas en fraccionamientos desarrollados por Urbi, quienes ahora se ven en la necesidad de defender legalmente sus propiedades para evitar ser desalojados de sus hogares.

Las autoridades competentes aún no se han pronunciado sobre la situación, mientras que los residentes afectados claman por una solución justa y una revisión exhaustiva de las posibles irregularidades en el manejo de estos casos.