Una familia fue desalojada de su vivienda en el fraccionamiento Villas del Rey, en Mexicali, después de más de 20 años de habitarla, en un caso que ha dejado entrever posibles irregularidades en el proceso judicial y administrativo. María Guadalupe Choza, propietaria del inmueble, vivió momentos de angustia al ser obligada a abandonar su hogar por medio de autoridades y fuerza pública, bajo el argumento de falta de pago del inmueble.

Choza señaló que ha pagado puntualmente su casa a través de descuentos quincenales vía nómina mediante el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), cumpliendo con la totalidad del pago en 2019. A pesar de tener todos los documentos que respaldan la liquidación del inmueble, incluyendo los comprobantes de los descuentos, la carta finiquito y las escrituras, la familia fue desalojada tras una orden judicial.

“Tengo la carta finiquito del FOVISSSTE, los documentos de la notaría, tengo todo. Tengo las escrituras de la casa del registro público originales”, declaró Choza, visiblemente afectada por la situación. Según el testimonio de la afectada, el demandante y los ejecutores del desalojo le notificaron que la casa nunca fue pagada, procediendo de inmediato con la acción de desalojo, lo cual dejó a la familia en la calle.

María Guadalupe subrayó que, además de ella, en la vivienda residían su hija y su esposo, quien es pensionado debido a una discapacidad que le impide trabajar. “Es muy difícil la situación, no solo por las irregularidades en el proceso, sino por la afectación a nuestra familia. Nos dejaron en la calle”, expresó entre lágrimas.

El caso ha generado indignación entre los vecinos y personas cercanas a la familia, quienes han manifestado su solidaridad y piden a las autoridades revisar a fondo las anomalías denunciadas en el proceso de desalojo. Choza se encuentra actualmente buscando asesoría legal para impugnar la medida y recuperar su vivienda, mientras que su situación económica y emocional se ve gravemente afectada.

Este desalojo pone en evidencia las posibles fallas en los mecanismos de comunicación entre las instituciones de crédito y las autoridades judiciales, afectando directamente a familias que, como la de Choza, aseguran haber cumplido con sus obligaciones de pago. El caso sigue en desarrollo, y se espera que en los próximos días las autoridades puedan dar una respuesta a la demanda de justicia de esta familia mexicalense.