Human Rights Watch (HRW) instó este martes al Gobierno de México a eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal y a derribar las barreras legales y sociales que impiden el acceso a la interrupción segura del embarazo en todo el país.

La organización se centró especialmente en el Estado de México, la entidad más poblada del país, donde el aborto sigue prohibido en el Código Penal estatal, excepto en casos específicos. HRW documentó que las autoridades y los proveedores de salud no garantizan el acceso al aborto, incluso en las situaciones permitidas por la legislación local.

HRW recordó que el Congreso de la Unión tiene hasta el final de 2023 para eliminar la prohibición del aborto del Código Penal Federal, conforme al amparo 267/2023 emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en septiembre pasado.

Hasta la fecha, 15 estados han despenalizado el aborto como una decisión voluntaria antes de la semana 12 de gestación (y en Sinaloa, antes de la semana 13), en línea con una reciente sentencia de la SCJN que considera que prohibir el aborto viola derechos fundamentales como la dignidad humana, la autonomía reproductiva, la salud y la igualdad.

A pesar de estos avances, el aborto sigue criminalizado en todos los códigos penales, tanto a nivel federal como en los 32 estados del país. No obstante, cada estado contempla algunas excepciones en las que el aborto no es penalizado. La única excepción reconocida en todos los códigos penales es el aborto en casos de violación, pero HRW registró que las dificultades para acceder a este servicio en el Estado de México persisten.

Los obstáculos incluyen proveedores de salud que niegan o retrasan el servicio, falta de información adecuada, cuestionamientos a la veracidad de las declaraciones de las sobrevivientes de violencia sexual, maltrato a las mujeres y la imposición de requisitos arbitrarios que contradicen las leyes y regulaciones vigentes.

El informe de HRW también resalta el caso de Ana, quien quedó embarazada tras una violación y enfrentó obstáculos para acceder a un aborto en un hospital público del Estado de México. Después de ser rechazada, Ana logró interrumpir su embarazo en la Ciudad de México, al igual que más de 72,000 personas que desde 2007 se han visto obligadas a trasladarse a la capital para acceder a este servicio.

La ONG también denunció que el temor a la criminalización disuade tanto al personal de salud de prestar servicios de aborto como a las personas de buscarlos. Este temor se refleja en las 740 investigaciones penales iniciadas por el delito de aborto en la Fiscalía del Estado de México entre enero de 2018 y marzo de 2023, a pesar de que la SCJN dictaminó en 2021 que los jueces no pueden condenar abortos en las etapas tempranas del embarazo.

Además, HRW documentó casos de menores de edad y personas con discapacidad que fueron obligadas a presentar autorización parental o de interdicción para acceder al aborto, aunque la ley no lo exige. La organización también subrayó que hasta junio de 2024, instituciones de salud federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no ofrecían servicios de aborto en el Estado de México, a pesar de estar obligadas por la sentencia de la SCJN de 2023.

HRW advirtió que la falta de profesionales disponibles para realizar abortos, debido a la escasez de personal y a la objeción de conciencia, provoca demoras en la atención, lo que contraviene las normas internacionales de derechos humanos.