La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, ha rechazado la petición de la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien solicitó la intervención del Alto Tribunal para que ordene al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nombrar adecuadamente las magistraturas para calificar la elección presidencial del 2 de junio.

Gálvez se opone a la designación de Claudia Valle Aguilasocho, magistrada de la Sala Regional Monterrey, como la sexta integrante del Tribunal Electoral, alegando que su designación representa inestabilidad e incertidumbre, vulnerando la seguridad, certeza jurídica, legalidad y principios constitucionales en materia electoral. Además, pidió la suspensión del procedimiento hasta que el órgano esté debidamente integrado con siete magistrados.

La ministra Norma Piña, a través de un acuerdo, señaló que la SCJN carece de atribuciones para atender la solicitud de Gálvez, especificando que “no ha lugar a pronunciarse sobre la medida cautelar requerida por la promovente”.

Claudia Valle Aguilasocho, actual presidenta de la Sala Regional Monterrey, fue elegida para la sexta magistratura provisional, permitiendo así el quórum legal necesario para el proceso de calificación y validez de la elección presidencial. Valle Aguilasocho tiene una destacada trayectoria en el Poder Judicial, incluyendo una licenciatura en Derecho, maestría en Derecho Procesal Penal, y varios diplomados y especialidades en diversas áreas del derecho.

Por su parte, Piña Hernández también rechazó la solicitud de Gálvez de que la SCJN ordenara al TEPJF nombrar las dos magistraturas pendientes. La Corte aclaró que la petición no puede ser atendida debido a la falta de atribuciones para ello y negó la medida cautelar solicitada por Gálvez para suspender el procedimiento de calificación de la elección presidencial hasta que la Sala Superior del TEPJF estuviera completa.

El 1 de agosto, Gálvez anunció a través de sus redes sociales que había interpuesto el recurso ante el tribunal constitucional, pidiendo la debida designación de las magistraturas y la suspensión del procedimiento electoral hasta que el órgano estuviera completo con siete magistrados.