La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó una ley federal de control de armas destinada a proteger a las víctimas de violencia doméstica. En un fallo de 8-1, los jueces respaldaron una prohibición de 1994 que impide que personas con órdenes de restricción posean armas de fuego, revirtiendo una decisión de una corte de apelaciones en Nueva Orleans que había anulado la ley.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, afirmó que la ley aplica "el sentido común" y se activa solo "después de que un juez determine que un individuo representa una amenaza creíble" de violencia física. Sin embargo, el juez Clarence Thomas, autor del fallo Bruen de 2022, discrepó.

El presidente Joe Biden celebró el fallo, subrayando que "ninguna persona que haya sido abusada debería preocuparse porque su abusador consiga un arma". La decisión garantiza que los sobrevivientes de violencia doméstica y sus familias continúen protegidos, como lo han estado durante las últimas tres décadas.

El fallo también podría influir en otros casos de control de armas, incluyendo la acusación contra Hunter Biden por mentir para comprar un arma mientras era adicto a las drogas. Los jueces probablemente se pronunciarán pronto en estos casos.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, destacó que históricamente las leyes de armas han prevenido el uso indebido por parte de individuos que representan una amenaza. En contraste, el juez Clarence Thomas argumentó que la ley viola derechos sin el 
debido proceso y carece de base histórica.

El fallo generó un amplio debate, con siete de los nueve jueces opinando sobre el uso de la historia en la evaluación de restricciones de armas. La jueza Sonia Sotomayor apoyó un enfoque histórico aplicable al presente, mientras que el juez Brett Kavanaugh anticipó más casos sobre derechos de armas debido a la incipiente jurisprudencia de la Segunda Enmienda.

El fiscal general Merrick Garland reafirmó el compromiso de hacer cumplir la ley, que ha protegido a víctimas de violencia doméstica durante casi 30 años. Grupos de control de armas y defensores de víctimas abogaron por mantener la ley, y datos del CDC indican que las armas son frecuentemente utilizadas en homicidios de parejas íntimas y familiares.

Grupos a favor de los derechos de armas apoyaron a Rahimi, argumentando que la corte de apelaciones acertó al no encontrar restricciones históricas que justifiquen la prohibición.