La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que el Congreso de Nuevo León continúe con el juicio político abierto en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, tal como lo solicitó la Comisión Anticorrupción en enero del año pasado. Por unanimidad de votos, aunque con la ausencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, se validó el proceso legislativo contra el mandatario local por presuntas irregularidades en su administración. No obstante, también se resolvió la controversia que presentó el político neoleonés tras la decisión de la comisión del Congreso en su contra.

Durante la sesión del martes 21 de mayo, los ministros tomaron la decisión de declarar inconstitucional la normativa del párrafo segundo del artículo 203 de la Ley de Juicio Político que establece que la persona acusada debe retirarse del cargo. Así, Samuel García Sepúlveda, militante de Movimiento Ciudadano (MC), continuará al frente del gobierno de Nuevo León durante el proceso.

El pleno de la SCJN detalló que los integrantes del Poder Legislativo de Nuevo León no tienen facultades para determinar la separación del cargo de un gobernador, recordando que es competencia del Tribunal Superior de Justicia, ya que se requiere una sentencia. De este modo, sólo si el Congreso local considera que García Sepúlveda incurrió en faltas graves, podría ser necesario que deje la gubernatura, pero la decisión final recae en el Tribunal Superior de Justicia del estado. Mientras tanto, García Sepúlveda deberá seguir cumpliendo con las funciones que establece la Constitución de Nuevo León.

La SCJN declaró la invalidez del artículo 203, párrafo segundo, en su porción normativa que señala que el acusado queda separado del cargo por el solo hecho de estar acusado, lo cual había sido reformado mediante el decreto número 248 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

La controversia con Samuel García comenzó cuando la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del juicio político contra el gobernador en enero de 2023, por no presentar la Ley de Egresos 2023 en tiempo y forma. Sin embargo, el proceso se detuvo cuando García promovió un juicio contencioso administrativo, obteniendo una suspensión del Tribunal de Justicia Administrativa. En respuesta, el Congreso de Nuevo León presentó una controversia constitucional, que resultó en la invalidez de la suspensión a favor de García.

A pesar de esta resolución, el juicio político se mantuvo detenido debido a una suspensión definitiva otorgada por un juez de amparo a García Sepúlveda. La situación se complicó cuando el Congreso de Nuevo León nombró a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino durante la licencia que García pretendía utilizar para buscar la candidatura a la Presidencia de la República. Este nombramiento provocó la intervención de la SCJN, que dictaminó que Orozco Suárez asumiera el cargo de gobernador interino. Sin embargo, Orozco Suárez renunció tres días después, permitiendo que García reasumiera sus funciones como gobernador.