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Revisará SCOTUS leyes que afectan a personas sin hogar

INTERNACIONAL

22-04-2024


IFOTO: WEB

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Redacción BajaNewsMx
Editorial bajanews.mx| BajaNews
Publicado: 22-04-2024 11:57:30 PDT

"La cuestión ante la corte es si las ciudades pueden penalizar a los residentes sin hogar simplemente por no tener acceso a un refugio"

Este lunes, la Suprema Corte de Estados Unidos escuchará el caso de Grants Pass, una ciudad de 40.000 habitantes en el sur de Oregón que busca prohibir los campamentos de personas sin hogar en espacios públicos como aceras, calles y parques, informó ABC.

 

En enero, los jueces aceptaron el recurso presentado por Grants Pass contra la decisión de la Corte de Apelación del 9º Circuito de Estados Unidos que determinó que estas regulaciones infringen la prohibición de la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos contra los castigos "crueles e inusuales".

 

En 2018, tres personas sin hogar presentaron una demanda colectiva contra Grants Pass, argumentando que las leyes anti-acampada violaban la Octava Enmienda. Las violaciones pueden resultar en multas civiles, prohibiciones de propiedad municipal y procesamientos penales por allanamiento, de acuerdo con Reuters.

 

La apelación de Grants Pass ha recibido respaldo de varias ciudades y estados del oeste, donde se aplica la decisión del 9º Circuito. La defensa de los demandantes, por su parte, señala que "la cuestión ante la corte es si las ciudades pueden penalizar a los residentes sin hogar simplemente por no tener acceso a un refugio".

 

El caso de Grants Pass desencadena un enfrentamiento legal sobre la crisis de personas sin hogar que está generando tensiones en ciudades de todo el país. También tiene amplias implicaciones sobre cómo Estados Unidos aborda la falta de vivienda.

 

De acuerdo con The Associated Press, autoridades de diferentes afiliaciones políticas, desde el gobernador demócrata Gavin Newsom en California, donde casi el 30% de la población carece de hogar, hasta un grupo de 22 estados liderados por conservadores, han presentado documentos en el caso. Las entidades argumentan que las decisiones de los tribunales de menor instancia han obstaculizado su capacidad para abordar los campamentos.