El 6 de mayo de 2021, Samantha Sesma confió en su ex pareja, padre de sus dos hijos, de 3 y 6 años en ese momento. Sin embargo, el agresor secuestró a los niños, cortando la comunicación de Samantha con ellos, y huyó de Tijuana hacia el centro del país. Esto desencadenó una serie de trámites y denuncias para detener a Jesús Luna Jaramillo, el padre de los niños.

“Estábamos en una convivencia y me dijo que los iba a llevar a comer, después al cine y luego desapareció, no volvió a dar señales ni a sostener algún tipo de comunicación conmigo. Cuando me percaté que no regresó en la noche, quise poner una denuncia y la respuesta de la Fiscalía en ese momento era que no se podía porque no había una guardia definida por un juez en ese momento, por lo que se me oriento a asistir al juzgado de lo familiar para ingresar una demanda”, señaló Samantha Sesma, co fundadora del Colectivo Cesodi. 

Sin embargo, una vez presentada la demanda en el juzgado de lo familiar, el agresor interpuso una contrademanda en el Estado de México alegando falta de obligaciones. Samantha Sesma, en su momento, refutó esta alegación argumentando que no había habido ningún tipo de comunicación entre ella, el agresor y sus hijos. Este hecho cobró relevancia una vez que la ley vicaria entró en vigor a finales de 2022 en el país y hasta marzo de 2023 en el estado de Baja California, momento en el cual fue tipificada. Como resultado, el 24 de abril de 2023, Samantha pudo presentar una denuncia, lo que llevó a que la cuarta sala del poder judicial de Baja California resolviera que el expediente y los trámites realizados en meses anteriores correspondían a esa entidad.

“Se dio una orden de restitución de mis hijos y rompimiento de cerraduras; sin embargo, fue hasta el sábado que en Ecatepec Morelos lo detienen y es traído a Baja California, ingresando al cereso el domingo 25 de febrero a las 2:30 horas, donde se tuvo una audiencia para la vinculación a proceso, sin embargo, se le otorgo 134 horas para la resolución en una prisión preventiva”, indicó la afectada. 

Aunado a la detención, varias madres presentes en las afueras de la Fiscalía General del Estado de Baja California esta mañana han expresado su preocupación. Aseguran que dicha institución carece de habilidades para elaborar correctamente una carpeta de investigación para este nuevo delito tipificado por la ley. Señalan deficiencias en la realización de peritajes apropiados, los cuales podrían resultar en una revictimización tanto para ellas como para sus hijos involucrados.

“Yo pido a las autoridades que no dejen de apuntar con perspectiva de género, de infancia, también pido a que mi agresor se le vincule por el delito de violencia vicaria, porque es una violencia continua y el poder encontrar a mis hijos de los cuales ya se activaron alertas amber”, concluyó Samantha Sesma. 

En anteriores ocasiones, Estefanía Plascencia, cofundadora del Colectivo Cesodi, afirmó en 2023, que más de tres mil 600 mujeres se habían acercado a colectivos feministas denunciando ser víctimas de violencia vicaria posterior a que la ley fuera tipificada en nuestro estado.