El primer ministro peruano, Alberto Otárola, anunció el jueves pasado la intención del gobierno de replicar en Perú el modelo carcelario de El Salvador. A pesar de las críticas de las organizaciones de derechos humanos, Otárola elogió la infraestructura carcelaria salvadoreña como "adecuada, moderna y eficiente". Según él, la logística carcelaria en El Salvador ha demostrado ser eficaz para albergar a los presos más violentos y peligrosos. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, viajó a El Salvador para explorar esta política y sostener reuniones conjuntas sobre la viabilidad de implementar cárceles similares en Perú.

La iniciativa surge debido a la preocupación por la sobrepoblación carcelaria en Perú, con cerca de 100,000 presos, la mitad de los cuales no tienen sentencia. Otárola destacó la inquietud por los reclusos por delitos violentos que podrían seguir dirigiendo mensajes y organizaciones criminales desde la prisión. Según datos oficiales, El Salvador ha detenido a más de 75,100 personas desde marzo de 2022, acusadas de ser pandilleros o colaboradores, con más de 7,000 liberadas condicionalmente.

En particular, el modelo salvadoreño se ha destacado por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), inaugurado en enero de 2022. Esta prisión, construida bajo el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele para combatir a las maras, opera al 30% de su capacidad y no registra muertes internas según información de octubre de 2023. A pesar de ello, Amnistía Internacional expresó preocupación por violaciones continuas a los derechos humanos en el Cecot, construido en el contexto de la suspensión de garantías constitucionales.