La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a Petróleos Mexicanos (Pemex) por su presunta responsabilidad en la falta de prevención de riesgos y seguridad, que resultó en la pérdida de vidas de cuatro trabajadores durante un enfrentamiento armado en la comunidad de Cazadero, municipio de San Juan del Río, Querétaro, en 2020.

La CNDH determinó la existencia de violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la seguridad jurídica, legalidad, trato digno y seguridad en el trabajo. Se señaló que estas violaciones fueron el resultado de omisiones en las condiciones de seguridad y prevención de riesgos en el trabajo, atribuidas a personas servidoras públicas de Pemex.

Según la información recopilada en el expediente de queja, el 13 de agosto de 2020, cuatro trabajadores de la Subdirección Salvaguardia Estratégica de Pemex se vieron involucrados en un enfrentamiento con sujetos armados en las inmediaciones de ductos de combustible, perdiendo la vida a causa de disparos de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La CNDH destacó que Pemex debió implementar mecanismos y procedimientos adecuados para evitar riesgos, especialmente en una zona considerada de incidencia de tomas clandestinas para el robo de combustible. Sin embargo, las víctimas fueron enviadas a trabajar sin el resguardo necesario de la Guardia Nacional u otra entidad de seguridad, incumpliendo con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Pemex.

Además, se evidenció que las víctimas carecían de equipo tecnológico suficiente, ya que las videocámaras de las camionetas en las que se desplazaban no contaban con almacenamiento adecuado para preservar la evidencia en caso de incidentes como incendios o destrucción del vehículo.

La CNDH solicitó a la dirección general de Pemex inscribir a las cuatro víctimas y a 11 personas víctimas indirectas en el Registro Nacional correspondiente, operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para garantizar la reparación del daño, la medida de compensación, así como atención psicológica y tanatológica.

Se requirió el apoyo de Pemex en el seguimiento de la denuncia ante la Unidad de Responsabilidades de la paraestatal, la colaboración en la investigación del homicidio ante la Fiscalía General de la República (FGR), y la emisión de una circular a la Subdirección de Salvaguardia Estratégica para cumplir con la normatividad de seguridad y capacitar al personal en la prevención de riesgos laborales, entre otras acciones.