El 17 de noviembre de 2017, el Diario Oficial publicó el decreto para la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada De Personas. Simultáneamente, se emitió un decreto a nivel nacional indicando que la ley entraría en vigor 60 días después de su publicación. Esta legislación tiene como objetivo facilitar la coordinación e intercambio de información entre diversas autoridades para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

En este contexto, el Secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, señaló esta mañana que el proyecto ya se encuentra a disposición del Congreso. Afirmó que no hay retrasos debido a errores, ya que se llevó a cabo un proceso de revisión y no se realizaron modificaciones circunstanciales en el mismo.

“El proyecto está ya a disposición del congreso, seguirá su proceso legislativo, que desde nuestro punto de vista no hubo modificaciones; sin embargo, esto no ha impedido que se siga con las búsquedas; nosotros seguimos abiertos al diálogo”, indicó Álvarez Cárdenas.

No obstante, es crucial destacar que colectivos de familiares de personas desaparecidas han estado expresando su descontento en los últimos meses. Aseguran haber sostenido una reunión en agosto de 2023 con la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien prometió agilizar la implementación de esta Ley, asegurando que estaría lista en un mes. Algunos señalan la falta de responsabilidad y el favoritismo percibido hacia ciertos colectivos.