La reforma constitucional pretende cubrir y mejorar las condiciones de salud, productividad, vida familiar del trabajador, con la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana.

La Comisión de Puntos Constitucionales, realizaron una votación el pasado 25 de abril donde por mayoría de 25 votos a favor y cinco abstenciones, se avaló este proyecto que al final, por dudas, se decidió la realización de un Parlamento Abierto

“El contexto actual en comparación a otros países es desalentador, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), México ocupaba el primer lugar de horas trabajadas con 2137”, afirmó el Dr. Christian Iván Becerril, investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colef en días pasados; asimismo enfatizó que las empresas afectadas no serán bastantes ya que en el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo, permite la asistencia de contratos por hora y temporadas para cubrir las demandas de bienes y servicios sin tener que pagar horas extras, incrementando la flexibilidad de los trabajadores. 

Tras una encuesta realizada a través de redes sociales y con personas que residen en la ciudad de Tijuana, se pudo obtener que de cada 10 personas, al menos 6 están a favor de que se reduzca la jornada en Baja California.

“No solamente garantizará más descanso para todos, sino que el impacto en otros aspectos, como económico, familiar y medio ambiental se verían sumamente beneficiados con un orden de trabajo que no simplifique que a mayor tiempo laborado igual a mayor productividad, como la única e inamovible percepción del trabajo”, mencionó Paúl Martín del Campo, ciudadano a favor.

Por otra parte el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tijuana, Julian Palombo Saucedo, mencionó que “la jornada implicaría una situación complicada para todas las empresas principalmente para las micros que resultan ser familiares de 1 a 5 empleados, por lo que reponer un día extra comprometería el aumento del 20% en la nómina laboral que no todos podrán sostener”.

Una vez aprobado tendría que reformarse la fracción cuatro del apartado A, del artículo 123 de la Constitución y el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo al ser una disposición constitucional se requiere de la aprobación de dos terceras partes del Congreso, incluyendo el Senado y de 17 estados del país, por lo que el próximo 21 de noviembre se dictaminará el caso para su aprobación, posiblemente en 2024.