La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes ha iniciado una investigación ante la filtración y difusión de imágenes de los cuerpos sin vida del magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo y su pareja Dorian Daniel Nieves en su residencia. 

La apertura de la carpeta de investigación, identificada como CI/AGS/30817/11-23, fue motivada por la indignación expresada por colectivos de la comunidad LGBTIQ+ tras la publicación de fotografías de los cadáveres, así como del certificado de defunción del magistrade.

La fiscalía emitió un comunicado confirmando la apertura de la carpeta de oficio, destacando la gravedad de la situación al tratarse de la difusión de imágenes que violan el sigilo de la investigación. Las fotos circularon profusamente en redes sociales, generando conmoción y repudio.

Dorian Daniel, según la versión de la Fiscalía de Aguascalientes, habría asesinado a su pareja sentimental para luego quitarse la vida, utilizando navajas para afeitar. Sin embargo, esta narrativa ha sido rechazada vehementemente por familiares y conocidos de Ociel Baena, así como por colectivos de la comunidad LGBTIQ+, quienes sostienen que eran personas pacíficas y felices.

La activista Majo Flores, presidenta de APPS Puebla, añadió más controversia al señalar que en las imágenes se observa a Ociel Baena sosteniendo una navaja en la mano izquierda, contradiciendo el hecho de que su mano dominante era la diestra.

La filtración de estas imágenes viola el Artículo 183 del Código Penal Estatal, que establece sanciones de hasta 3 años de prisión por difundir cuerpos sin vida sin autorización de las familias o autoridades. Además, se invoca el Artículo 225 del Código Penal Federal, conocido como Ley Ingrid, que castiga delitos contra la administración de justicia, específicamente la filtración de imágenes de víctimas de violencia.

La Ley Ingrid surgió como respuesta al caso de Ingrid Escamilla en 2020, donde las imágenes gráficas de la víctima de feminicidio fueron difundidas sin autorización, generando indignación y llevando a la creación de un marco legal más estricto para prevenir la difusión no autorizada de imágenes explícitas de víctimas de crímenes violentos.