El primer ministro de Portugal, António Costa, junto con varios miembros de su Gabinete, está siendo objeto de una investigación por parte de la Fiscalía portuguesa. La investigación gira en torno a presuntos delitos de prevaricación, corrupción activa y pasiva, así como tráfico de influencias en relación con negocios relacionados con el litio e hidrógeno.

Costa anunció su dimisión en una intervención televisada, alegando que el cargo de primer ministro no es compatible con la "sospecha de la práctica de cualquier acto criminal". Expresó su sorpresa por la información sobre un proceso criminal en su contra, aunque se mostró dispuesto a colaborar con la Justicia y negó las acusaciones. Subrayó que se va "con la conciencia muy tranquila", pero considera que la dignidad del cargo de primer ministro no es compatible con ninguna sospecha.

Tras su renuncia, el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, conservador, determinará los próximos pasos, incluida la posibilidad de disolver la Asamblea de la República y convocar elecciones si lo considera necesario. Costa no adelantó si será candidato en unas eventuales elecciones, afirmando que no condicionará la decisión del presidente.

El Ministerio Público anunció que estaba investigando a Costa y a varios miembros de su Gabinete por presuntos delitos de prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias, en relación con negocios de litio e hidrógeno. La Fiscalía realizó registros en "espacios utilizados por el jefe de Gabinete del primer ministro" y varios sospechosos mencionaron la implicación de Costa en el caso al "desbloquear procedimientos". También fueron declarados "arguidos" el ministro de Infraestructuras, João Galamba, y el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente.

Los registros fueron llevados a cabo por la Fiscalía a través de la Policía de Seguridad Pública (PSP) y la Autoridad Tributaria y Aduanera, con la participación de 17 magistrados de la Fiscalía, tres magistrados judiciales, dos representantes del Colegio de Abogados, cerca de 145 agentes de la PSP y nueve de la Autoridad Tributaria. Se informó que los agentes también registraron la residencia oficial del primer ministro, António Costa, quien se reunió con el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ese mismo día.