La Fiscalía General de la República emitió órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de la Secretaría de Educación de Baja California después de confirmar un desvío de fondos de 32 millones de pesos, que se suma a un desvío detectado con anterioridad por más de 35 millones de pesos.

El primer desvío descubierto, de 35 millones, estaba destinado a la compra e instalación de lavamanos para escuelas y fue aprobado durante la pandemia. El segundo desvío era para la compra y distribución de forma gratuita de alrededor de 70 mil uniformes, también implementado durante la pandemia.

Aunque el movimiento del dinero desde la Secretaría está registrado, no existe progreso demostrable de ninguno de los dos proyectos.

Reconocimiento del Desvío

El desvío se dió a conocer el 24 de octubre en la sesión de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, por las diputadas integrantes de la comisión.

Además, fue el propio Secretario de Educación, Gerardo Solís Benavides, quien informó tanto de las órdenes de aprehensión como de la denuncia penal impuesta por el gobierno del estado contra los funcionarios de la Secretaría.

El desvío ocurrió durante el año 2021, durante el cual la Secretaría de Educación en BC tuvo como titulares tanto a Catalino Zavala Márquez, quién es el actual secretario general de Gobierno del Estado, como al propio Solís Benavides, por lo que las órdenes de aprehensión se emitieron para ambos.

Las irregularidades se encontraron gracias a un dictamen elaborado por la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC). En dicho dictamen se explica que el desvío se habría llevado a cabo a través del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) de Baja California, y fue este el organismo auditado.

Al final de la auditoría el ISEP no pudo comprobar el paradero de los 67 millones.

Irregularidades encontradas

Además de no poder comprobar el paradero del dinero, el ISEP entregó por adjudicación directa 61 millones 484 mil 898 pesos por servicios a nueve proveedores. Este tipo de proceso se debió llevar a cabo por licitación pública.

La diferencia entre ambas es que la primera consiste en contratar directamente a los proveedores, mientras que la segunda implicaría abrir una convocatoria para que los interesados en prestar servicios para el gobierno del estado se presentaran e hicieran el proceso burocrático correspondiente.

El organismo de educación tampoco entregó los documentos pertinentes que le permitieran presentar contratos adjudicados de forma directa en lugar de utilizar la licitación pública.

Otra de las irregularidades se presenta por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que no recibió el Impuesto Sobre la Renta, o ISR, por 21 millones 228 mil 849 pesos por concepto de aguinaldo; 13 millones 579 mil 006 pesos por concepto de Compensaciones; y 2 millones 792 mil 262 pesos por concepto de la Compensación del 22 por ciento.

Dicho de otra forma, no existe rastro de los pagos e impuestos que normalmente serían presentados al contratar empleados, por lo que no hay rastro de que ninguna persona fuera contratada y pagada por trabajar en estos proyectos.