El Parlamento de Japón está debatiendo un proyecto de ley histórico para reformar las leyes por agresiones sexuales.

Recientemente, en el país asiático se aumentó la edad mínima para dar el consentimiento de los 13 a los 16 años, después de décadas siendo la nación desarrollada con la edad más baja. Además, se espera la aprobación de una ley que penalice el "foto voyerismo", es decir, la captura de imágenes o videos de actos sexuales o partes del cuerpo de una persona sin su consentimiento.

Esta legislación tiene como objetivo prohibir la filmación de menores en "poses provocativas" o, según indica el texto, "realizando gestos sexuales sin una justificación legítima".

Por lo tanto un individuo de 13 años se consideraba “lo suficientemente grande” para dar su consensuar relaciones sexuales, caso que en la mayor parte del mundo se puede considerar delito.

Aunque en algunas partes del país ya habían intentado prohibir estas prácticas, las condenas no superan los dos años de prisión. 

Sin embargo la ley no pasó “fácilmente” en el Parlamento ya que hubieron quienes se opusieron, tal es el caso del diputado, Hirano Honda, de 58 años, quien manifestó que “un individuo en sus 50 no debería ser penalizado por tener relaciones sexuales consensuales con alguien de 14 años”. Pero después retiró lo dicho y pidió disculpas.

Además de la controversia en torno a la edad mínima para dar el consentimiento, actualmente se está debatiendo la definición del delito de violación. Esta revisión de la ley representa tan solo la segunda modificación en un siglo.

La redefinición de “violación”, es importante ya que en la actual legislación es considerada como una “relación sexual forzada” únicamente vinculada a agresiones, intimidación o actos cometidos con el uso de la fuerza.

Con la nueva propuesta, se cambiaría el concepto a “relación sexual no consensuada”, con lo que se centraría en el consentimiento bajo la premisa de que "no significa no" y no únicamente en las agresiones físicas.

Debido a la definición vigente, los fiscales y jueces han interpretado las violaciones y agresiones sexuales de una forma limitada, lo cual ha generado que las víctimas no denuncien los ataques y no tengan acceso a la justicia.